El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, que sustituyó en el cargo a Francisco Javier Guerrero, ambos imputados por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Administración autonómica, se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se ha limitado a negar los hechos que se le imputan.
De este modo, el imputado, acompañado por su abogado, Manuel Pérez Cuajares, ha llegado al cuartel de Eritaña de la capital hispalense poco después de las 9,00 horas y, en su comparecencia ante los agentes de la UCO desplazados desde Madrid, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que ha abandonado las dependencias del Instituto Armado pasadas las 9,30 horas, no sin antes negar los hechos que se le imputan hasta el momento.
En este sentido, su abogado ha informado de que su cliente se ha negado a declarar porque antes quiere tener un conocimiento ‘más completo y exhaustivo’ de las actuaciones dada la ‘profusión’ de documentación con la que cuenta la causa, superior a 16.000 páginas y que a día de hoy no ha podido estudiar con detenimiento, por lo que una vez alcance este nivel de conocimiento declarará ante la magistrada ‘cuando sea llamado’.
En el auto donde la magistrada Mercedes Alaya imputaba a Rivera y a Márquez, argumentaba que, dentro de la investigación en torno a la empresa Surcolor, se ha determinado que Márquez ‘ordenó’ los pagos relativos a la póliza en las resoluciones de 21 de diciembre de 2009 y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los relativos a la resolución de 1 de septiembre de 2010, todo ello ‘para 26 extrabajadores’ de la empresa, ‘expresando en sus respectivas resoluciones que obra en la Dirección General ‘el expediente completo de tramitación de la ayuda’.
Según la juez, de este expediente ‘se deduce inexorablemente que los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor’, y critica que, ‘como en el caso de Guerrero, se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración; sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la prima que correspondía a la empresa, resuelta por Daniel Rivera’.
Respecto a Juan Márquez, la magistrada también lo imputa por su labor en relación a la empresa Aglomerados Morell, ya que ‘no constando’ la aprobación del ERE para la extinción laboral de 24 trabajadores, ‘de los cuales dos no eran empleados de la misma’, ni tampoco cualquier otro documento que acredite dicha extinción, tanto Márquez como Guerrero dictaron diversas resoluciones ‘de forma arbitraria e injustificada y para dar cobertura a los compromisos verbales’ del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Así, precisa que Guerrero ‘mostró su disconformidad para la suscripción de una póliza para 24 extrabajadores’ de la empresa, mientras que su sucesor en el cargo dictó sendas resoluciones ‘por las que la Junta se comprometía a abonar 1.459.677,83 euros para la póliza de prejubilación’, tras lo que dice que hay que tener en cuenta que, según el administrador de la empresa, ‘el despido de sus trabajadores no era algo necesario para su empresa, y que fue una condición verbalmente impuesta para la concesión de las ayudas necesarias destinadas a amortizar los gatos del traslado de las instalaciones’ a Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
‘PAGOS CRUZADOS’
Un punto importante del auto dictado por la juez es el relativo a la empresa Río Grande, pues considera que tanto Márquez como Guerrero ‘ordenaron el pago, injustificado al no estar amparado en resolución alguna que revista la menor apariencia de legalidad, de importantes sumas mediante el procedimiento de desvío de fondos o pagos cruzados’, de forma que ambos, ‘abusando del ejercicio de sus funciones públicas, podrían ser responsables de la defraudación de fondos públicos por cuantía de 1.531.299,51 euros, de la que injustamente se habría beneficiado’ Río Grande.
Asimismo, imputa a Márquez, que fue nombrado director general siendo consejero del ramo Antonio Fernández y que ocupó el cargo entre los años 2008 y el 23 de abril de 2010, cuando le sustituyó Daniel Alberto Rivera, por autorizar la inclusión en el ERE de Calderinox del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y de Antonio Fernández Garzón, ‘ninguno de los cuales trabajó para la empresa’.
Juan Márquez sustituyó al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a Francisco Javier Guerrero, quien permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado sábado tras decretarlo así la juez Alaya, que estimó la petición realizada a tal efecto por la Fiscalía Anticorrupción ante el riesgo de fuga existente y la gravedad de las penas que podrían corresponderle, superiores a 18 años de cárcel.