Maria José Rico, subdelegada del Gobierno en Huelva, dentro de la apuesta del Gobierno por el empleo de los reclusos con buena conducta para asegurar su reinserción social, ha anunciado en su visita a los Modulos de Respeto de la prisión que van a trabajar para “incrementar la oferta de trabajo retribuido en el Centro Penitenciario de Huelva, con alta en la Seguridad social desde los 300 puestos actuales a 340, lo que supondrá un incremento del 15% de la ofera laboral total del Centro”.
Actualmente, el 70% de los 300 puestos de trabajo retribuido que se ofrecen en el Centro Penitenciario de Huelva corresponden a reclusos que están en los Módulos de Respeto y, por tanto, responden a los estrictos criterios del programa que tiene por objetivo garantizar la inclusión social de la persona privada de libertad por medio de la actividad laboral.
Este programa incluye una amplia oferta de tra00bajo productivo en prisión, donde se relaizan, entre otros, talleres de carpintería metálica y de madera, de mantenimiento, panadería, economato, alimentación, biblioteca, limpieza, gestión de residuos, lavandería, jardinería, reparto de comedor, pintor de edificios, o subalternos.
La subdelegada del Gobierno indicó que “se ha puesto en marcha un nuevo taller productivo, que, a través de un call center, supondrá la creación de 40 nuevos puestos de trabajo a lo largo de este año”. Rico subrayó además que “uno de los objetivos prioritarios de todo Centro Penitenciario aparece descrito con rango de derecho fundamental en el artículo 25.2 de la Constitución Española, que señala que las penas privativas de libertad, la prisión, estarán orientadas a la reeducación y reinserción social de los internos e internas”.
El director del Centro Penitenciario de Huelva, Raúl Barba, explicó que “uno de los pilares de nuestra intervención es el trabajo en prisión, pues resulta fundamental la adquisición de hábitos laborales que posibiliten una futura vida en libertad absteniéndose de cometer delitos”. Durán apostilló que “más que hablar de una segunda oportunidad, para muchas personas el trabajo en prisión supone su primer empleo con alta en la Seguridad Social”.
En todo caso la evidencia demuestra que la intervención de los poderes públicos para la reinserción social de los reclusos que voluntariamente decidan acogerse a los programas al efecto reduce significativamente la tasa de reincidencia en el delito. Raúl Barba concluyo a este efecto que “por consiguiente, al tiempo que la intervención mejora la calidad de vida de la propia persona privada de libertad y de su entorno social, también sirve para incrementar la seguridad del Estado en general”.