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El concejal de Matalascañas defiende su inocencia y el PP almonteño denuncia la “política de tierra quemada” del PSOE

Tras la toma de declaración en el Juzgado de La Palma del Condado solicitada por el querellante –el viceportavoz del PSOE de Almonte y diputado provincial, José Villa-,  el concejal del Ayuntamiento almonteño José Carlos Curto, ha lamentado que “el proceso haya llegado hasta aquí, en referencia a lo que Villa llama ‘caso Pérgolas de Matalascañas’. Desde un principio tenía que haberse dado carpetazo porque no había motivos ni indicios para abrir diligencias, ya que nunca hubo contradicción por parte de los trabajadores, ni perjuicio alguno para nadie y ni delito contra la administración pública”, ha señalado.

José Carlos Curto ha comentado que ha sido “juzgado política y mediáticamente de forma injusta y desproporcionada, sin que las acusaciones vertidas se hayan contrastado”. Por tanto, ha afirmado “sentirse víctima de la política de tierra quemada del Partido Socialista de Almonte, y del periodismo amarillo de medios muy concretos”. También ha asegurado haberse sentido “impotente e injustamente martirizado por ser quien es, fruto de una cacería de brujas propiciada por José Villa y el PSOE almonteño, en la que todo vale con tal de conseguir un titular de prensa.”

De las diligencias practicadas, queda acreditado para Curto que “la madera estaba en mal estado e incluso podrida. Se retiró por presentar riesgos para los ciudadanos y no se podía reutilizar. Asimismo, que en este caso se destruye o elimina, bien quemándola en el pozo número 1 –sede municipal de la Concejalía de Servicios en Matalascañas-, bien ofreciéndosela a asociaciones o vecinos que la requieran. Que es habitual que se la lleven los ciudadanos, que nunca dio a nadie orden de nada y que no tiene ni ha tenido competencias en ello”. También ha quedado acreditado, según el edil popular, que “la foto utilizada por el PSOE en su denuncia es falsa -no es madera tratada- y que la actuación de los trabajadores fue normal y está dentro de las tareas propias del departamento de Obras y Servicios”.

El concejal ha afirmado que esta “toma de declaración” solicitada por el PSOE, “se podía haber evitado, no estaba justificada ni se han acreditado en la solicitud argumentos objetivos que dieran pié a ello. De las diligencias, se aprecian evidencias de que no existe delito alguno y ante eso, el último cartucho que le quedaba al PSOE era solicitar la declaración del concejal para volver a sacarlo a la palestra, antes de que se extinga por la falta de fundamento”.

Curto asegura que este caso “terminará como debería haber empezado, archivándose”. Entiende que “el PSOE está instrumentalizando la acción penal para el debate político y administrativo. Hasta ahora, en esta guerra sucia, los juzgados están sirviéndoles de trinchera”.

 

Respaldo del PP

 

Para el portavoz del equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almonte, José Joaquín de la Torre (PP), esta actitud del PSOE “forma parte de su estrategia a la desesperada por buscar el descrédito en una cacería sin control contra todos, que está haciendo daño a trabajadores, familiares y ciudadanos”.

Ha coincidido en asegurar que la denuncia presentada por el PSOE de Almonte es “artificiosa, con el fin de desviar la atención de los problemas serios y graves sobre los que los socialistas se niegan sistemáticamente a dar explicaciones, como son los despilfarros cometidos con la compra del Campo de Golf (7,5 millones de euros), la Dehesa (4,2 millones de euros), Aproindo (12 millones de euros), el crédito ICO gastado y sin ejecutar (2 millones de euros) o el caso Avantur (2 millones de euros).

Para De la Torre, “es una denuncia artificiosa que utiliza fotos y pruebas falsas para dar credibilidad a los argumentos del PSOE”. Por lo tanto, ha reiterado su apoyo en nombre de los populares almonteños a José Carlos Curto y confía en que, “una vez se archive, este ejerza su derecho a querellarse por denuncia falsa contra José Villa, viceportavoz del PSOE de Almonte”.

Por último, espera que la Justicia “actúe para que no se utilice la acción penal de forma indiscriminada, con el objetivo de elevar el debate político o las cuestiones meramente administrativas”. José Joaquín de la Torre ha pedido “cautela a los Juzgados a la hora admitir a trámite denuncias artificiosas, que lo único que pretenden es judicializar otras instancias”.