El Ayuntamiento de Almonte llevará el informe de la Junta que rechazaba la compra del campo de golf de Matalascañas a la Audiencia Provincial

El portavoz del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Almonte, José Joaquín de la Torre, ha adelantado que el Consistorio está estudiando la posibilidad de aportar un documento publicado este lunes por el diario Huelva Información como prueba en el procedimiento judicial abierto por la permuta efectuada en la legislatura anterior entre los responsables socialistas liderados por el entonces alcalde y senador Francisco Bella y empresarios de la sociedad Exclusivas Doñana S.L. por la que la entidad municipal se hizo con un campo de golf deficitario a cambio de solares en El Rocío y pagos acordados por un importe total estimado en 7,5 millones de euros.
Actualmente, unos y otros se enfrentan a un juicio ratificado por el juez por un supuesto delito de fraude en la contratación, al que se suma otro de prevaricación para los trece ediles socialistas que lo aprobaron en el pleno de 8 de abril de 2009. De la Torre ha especificado que conocían un primer informe de la Junta en el que se ponían reparos a la permuta, así como que las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno socialista. ‘Pensábamos que todo había quedado en un silencio administrativo, pero la aparición del informe jurídico solicitando la anulación de la operación nos ha sorprendido muchísimo, ya que la ocultación del mismo nos parece un hecho de extrema gravedad. Por ello, estamos considerando presentarlo como prueba cuando el procedimiento llegue a la Audiencia Provincial’, ha trasladado.
El informe, tras rechazar las alegaciones del equipo de gobierno socialista, concluye que ‘en caso de considerar conveniente realizar el requerimiento de anulación del acuerdo municipal…, el plazo para presentar recurso contencioso directo finaliza el 17 de septiembre de 2009, ya que el plazo para el requerimiento de anulación se ha agotado’. José Joaquín de la Torre ha explicado que ‘nos llama mucho la atención que la propia Delegación Provincial –con el actual parlamentario andaluz Manuel Alfonso Jiménez como responsable- obviara las recomendaciones de sus técnicos sobre los indicios de ilegalidad y su pertinente traslado a los juzgados. Creemos que tendría que dar explicaciones’, ha agregado.

El informe interno

El documento, fechado el 17 de julio de 2009 y adscrito a la Consejería de Gobernación y, concretamente, a la Delegación del Gobierno en Huelva, trata acerca del acuerdo del pleno de 8 de abril de aquel mismo año que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Almonte, consistente en la permuta del campo de golf con parcelas municipales en el sector Santaolalla Sur (El Rocío). Está firmado por el asesor técnico y tiene el visto bueno de la Jefa de Servicio. Se trata de la contestación a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento a un primer informe de la Junta que había llegado al Consistorio el 3 de julio, que ya indicaba que la operación era ‘susceptible de vulnerar la normativa’.
Tras recibir por parte del Consistorio la información complementaria, los técnicos dependientes de la administración autonómica insisten en su dictamen contrario en los tres apartados en los que previamente ya habían manifestado sus reservas. En primer lugar, se aludía a una ‘falta de motivación suficiente sobre las razones que exigían la compra por la Administración de una empresa mercantil, así como la falta de constancia del expediente justificativo para la asunción de actividades económicas’. La alegación municipal consistía en garantizar la práctica del golf en Matalascañas ante la posibilidad de que los titulares abandonasen la actividad, y que no se asumían actividades económicas sino deportivas.
Los técnicos de la Junta indican en este nuevo informe que, de nuevo, no se explicaba por qué la continuidad del campo exigía de la intervención del Ayuntamiento mediante la compra de participaciones de una empresa, descartando otras iniciativas privadas. Del mismo modo, se reafirmaba como objeción en la asunción por parte del Consistorio de actividades económicas, como las derivadas del restaurante, club social, venta de artículos, etc. Según se aduce, ‘esta decisión requería de la incoación de un procedimiento administrativo para acreditar la conveniencia, viabilidad y oportunidad de la iniciativa’, y para garantizar la defensa del interés público. Sin embargo, la memoria presentada por el Ayuntamiento no cumplía con estas condiciones y el expediente era posterior a la adquisición de la empresa.
La segunda objeción tenía que ver con la ‘falta del expediente justificativo de la enajenación de las catorce parcelas municipales en El Rocío permutadas como pago parcial de la adquisición de la empresa’. Las afirmaciones del equipo de gobierno socialista –no había otra forma de financiar la adquisición, los propietarios estaban de acuerdo y las parcelas se valoraron en el mismo precio en que fueron adjudicadas otras anteriores- chocan de nuevo con las conclusiones de la Junta, quien cita que la decisión ‘parece responder más bien a un acuerdo previamente concertado con los titulares del campo de golf, interesados en la adquisición de las parcelas de El Rocío, según se deduce del protocolo de intenciones de noviembre de 2008’.
En este sentido, agrega que debía de haberse hecho ‘intentado enajenar directamente las parcelas al mejor postor, como exige la ley y permitiendo con ello de paso obtener una posible mejora en el precio de remate’, e insiste en la subasta pública como forma normal de enajenación.
Por último, el informe se ratifica en que ‘en los procedimientos de adquisición y enajenación onerosas de bienes inmuebles figure la valoración de dichos bienes por parte de personal técnico competente. Cita que ‘el informe pericial se limitaba a fijar el valor de las catorce parcelas municipales, pero no llega a valorar los resultados de la auditoría de MC&A Asesores’, y realizar un contraste de valor con la empresa. A la justificación municipal, relacionada con la complejidad de la auditoría y la falta de técnicos municipales cualificados, responden los técnicos de la Junta con que se debía haber apelado a la colaboración de los pertenecientes a la Diputación Provincial o de otras entidades públicas.