El alcalde de Bollullos Par del Condado , Francisco Díaz Ojeda, ha asegurado este jueves, en relación al conflicto laboral pendiente con el colectivo de los 30 despedidos, que “no es cierto” que el Consistorio no pague los salarios de tramitación, pero ha dejado claro que para el ente local es “imposible” la readmisión de los empleados.
En declaraciones a los periodistas, Díaz Ojeda ha explicado que el Ayuntamiento “está dando cumplimiento a lo que se plantea por parte del juzgado y la Inspección de Trabajo”.
En este sentido, ha dejado claro que el Consistorio “va a acatar la sentencia en la medida de sus posibilidades”, al mismo tiempo que ha insistido en que “lo que es de imposible cumplimiento, es de imposible cumplimiento, ésa es la realidad”, ha admitido.
Asimismo, Díaz Ojeda ha indicado que la readmisión de los empleados es “imposible” desde el punto de vista económico por que “no puede afrontar las nóminas de estos trabajadores”, así como ha incidido en que la propia estructura organizativa del Ayuntamiento “no lo permite”. El primer edil ha matizado que la plantilla municipal es de 158 trabajadores “y no se pueden meter 40 personas más”, un total de 40 fueron los despedidos pero sólo 30 emprendieron acciones legales.
Los contratos de estos empleados terminan el próximo mes de julio, de manera que “una vez que se extingan estos contratos, tendremos que hablar de otras cosas”, ha precisado Díaz Ojeda, que ha reiterado que los pagos al colectivo “se están haciendo en la medida de lo posible”.
De otro lado, se ha referido a la situación económica del Ayuntamiento, y ha remarcado que al Consistorio llegan también otras sentencias firmes del “impago” de grandes cantidades de dinero por obras realizadas durante el mandato del socialista Carlos Sánchez, a las cuales “el Ayuntamiento no puede hacer frente”.
A su juicio, “se pretende matar al mensajero para no hacer hincapié en las personas que han generado una situación de quiebra en el Ayuntamiento de Bollullos”. En consecuencia, ha destacado que “cada persona es responsable de lo que haga en política” refiriéndose al ex alcalde de la localidad, Carlos Sánchez.
Además, el alcalde de Bollullos Par del Condado ha indicado que este conflicto laboral es consecuencia de una “decisión política”.
Respecto al planteamiento de UGT de emprender acciones legales contra el consistorio, el regidor local ha asegurado que respeta que el sindicato “se ponga del lado de los trabajadores”, pero ha recordado que durante los más de dos años de conflicto “no han estado en todo este proceso”, por lo que considera que la postura del sindicato se debe a que “hay unas elecciones sindicales dentro de poco”.
POSTURA DEL COLECTIVO
Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la portavoz del colectivo, Esther Pérez, ha confirmado que los miembros del colectivo han cobrado mil euros cada uno en concepto de salario de tramitación, lo que supone para el ente local el pago lineal de 30.000 euros.
Pérez ha mostrado cierta alegría por este pago, pero ha insistido en que desde el colectivo abogan por recuperar sus puestos de trabajo y no por “acudir cada día al consistorio sin hacer nada”.
En cuanto a la “imposibilidad”, según el alcalde, de llevar a cabo su readmisión, Pérez ha apuntado que en el Ayuntamiento “se están realizando contrataciones cada día”, por lo que no entiende que Díaz Ojeda diga que no hay plazas.
De otro lado, sobre el vencimiento de sus contratos el próximo 31 de julio de 2011, la empleada afectada ha matizado que los trabajadores, después de tres años, serían ya indefinidos y en el caso de que se procediera a su despido, deberán ser indemnizados.
REACCIÓN DE CCOO
Desde el sindicato CCOO han exigido “la inmediata readmisión” de los trabajadores despedidos en el Ayuntamiento de Bollullos, ya que consideran que “el incumplimiento de resoluciones judiciales firmes por el Alcalde, está creando una situación de inseguridad jurídica para trabajadores y vecinos del pueblo”.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Huelva, José Luis Rodríguez Vega, enfatiza en el hecho de que existen resoluciones judiciales firmes que declaran la improcedencia de los despidos, y que no resulta ajustada a Derecho la negativa del alcalde para readmitir a los trabajadores, para muchos de los cuales constituyen “el único sostén económico para sus familias”.
CCOO recuerda la “imperiosa necesidad” de que las administraciones públicas respeten los mandatos constitucionales de “sometimiento pleno a la ley”, y del “acatamiento de sentencias firmes”. De este modo, estiman que es precisamente en este contexto de coherencia con la legalidad vigente, donde este sindicato exige una política de contrataciones “acordes con las posibilidades y necesidades reales del Ayuntamiento, así como una calendarización de pagos respetuosa con las preferencias de los créditos de personalprincipal activo con el que cuenta este Consistorio”.