El alcalde de Bollullos declara este viernes imputado de un delito de desobediencia, según los despedidos

El alcalde de Bollullos Par del Condado (Huelva), Francisco Díaz Ojeda (independiente), está llamado a declarar este viernes a las 10,30 horas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado como imputado por la Fiscalía en un procedimiento por desobediencia judicial, así como por una querella, presentada por el colectivo de trabajadores despedidos, por daños y perjuicios.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press una de las trabajadoras afectadas Esther Pérez, quien ha indicado que este viernes el primer edil tendrá que prestar declaración por dos causas que se han unificado.

De un lado, se encuentra el procedimiento abierto por la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia judicial como consecuencia de la “falta de cumplimiento” de las sentencias favorables al colectivo, en las que se determina su readmisión. Precisamente, este jueves se cumple el plazo para que el regidor abone los salarios pendientes y readmita a la treintena de trabajadores afectados, dos aspectos que “no se han cumplido”.

Así, según ha apuntado Pérez, la causa de la Fiscalía se derivó al Juzgado de lo Social número 1 de La Palma, mientras que la querella por daños y perjuicios del colectivo se abrió en el Juzgado de lo Social número 2, aunque finalmente toda la causa “se ha unificado” y se abordará en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma.

El colectivo, acompañado de representantes de UGT y CCOO y con sus pancartas, asistirá al juzgado en señal de repulsa a la situación generada, ya que pese a que varias resoluciones judiciales les dan la razón, siguen “sin sus puestos de trabajo”.

LOS HECHOS

El colectivo fue despedido el pasado mes de enero de 2009 por ser “afines” al PSOE, partido que gobernaba el Ayuntamiento hasta que el 25 de junio de 2008 prosperó una moción de censura contra el que era el alcalde, Carlos Sánchez (PSOE). Así, el nuevo alcalde, Francisco Díaz Ojeda procedió al despedido de estos 40 trabajadores.

A partir del despido, el colectivo comenzó los trámites judiciales pertinentes, han protagonizado distintas protestas, y pese a que las resoluciones judiciales están a su favor, en la actualidad se encuentran dados de alta en la Seguridad Social pero no tienen puestos de trabajo, ya que cada día acuden al Ayuntamiento para “demostrar su voluntad de trabajar” pero no se les asigna tarea alguna ni se les ha determinado un puesto de trabajo