El alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez iglesias (PP) ha adelantado que el Ayuntamiento recurrirá la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de La Palma del Condado, que ha dictado el sobreseimiento provisional de la denuncia por la compra de las dehesas efectuada en noviembre de 2006, siendo el regidor de la corporación el ex alcalde socialista Francisco Bella (PSOE). En esta, se hacía constar que el Consistorio abonó “un precio superior al de mercado con la finalidad de conceder un beneficio económico a los vendedores y en perjuicio de las arcas públicas”.
Domínguez Iglesias ha comentado que “el asunto nos parece de extrema gravedad, ya que estamos hablando del dinero de los ciudadanos. Vamos a recurrir, pues somos consecuentes con la presentación de la denuncia. Si detectamos una irregularidad en la etapa anterior, estamos en la obligación de ponerla en conocimiento de la Justicia; si no, seríamos cómplices del presunto delito cometido” ha afirmado.
Entrando en el contenido del auto, el alcalde almonteño ha detallado que “la empresa Taxo, encargada del peritaje de las fincas ha concluido en que valían aún menos de lo que estimó el Ayuntamiento, por lo que el informe arroja aún más sombras que las que motivaron la presentación de la denuncia. Estamos hablando de un sobreprecio de 1,5 millones de euros”. Taxo ha dictaminado que el valor de lo adquirido era de 2,7 millones, cuando se pagaron finalmente 4,3 por las 158 hectáreas.
“Por ello, no entendemos como el juez ha decidido el archivo provisional de la causa, puesto que la tasación confirma nuestras conclusiones. Tampoco cómo en el auto se justifica el sobreprecio contando como prueba solo con la declaración de los imputados sobre las expectativas de lo que se iba a hacer –un campo de tiro y una Ciudad del Deporte-, sin que los proyectos estén justificados por escrito. La documentación existente incide más bien en que no había previsión de recalificación ni proyecto alguno”.
De hecho, en el PGOU aprobado en 2008 no se cambió la calificación del suelo, que siguió siendo rústico con especial protección medioambiental. En esta línea, Domínguez ha resaltado que “el juez tampoco ha entrado en por qué se elige un procedimiento de adjudicación directa y no se saca a concurso. Insistimos en que no ha aparecido expediente alguno que justificase la oportunidad política para ejecutar una compra de este tipo. Esta, se llevó a cabo en menos de un mes y a partir de valoraciones previas que tampoco se han considerado”, concretó.
Concluye el alcalde en que “también ha pasado de puntillas por otros aspectos que nos parecen importantes, tales como la falta de ‘regateo’ o la inexistencia de otras ofertas en manos de los vendedores. En definitiva, parece que ha resultado una ‘patata caliente’ que por supuesto haremos llegar ahora a la Audiencia Provincial de Huelva”. La denuncia se presentó en 2012 por la supuesta “compra injustificada de dos fincas rústicas”, contra el ex alcalde, concejales del equipo de gobierno, técnicos municipales y vendedores. Las declaraciones del alcalde han tenido lugar en la televisión pública comarcal del Condado de Huelva, “Canal Doñana”.