Si el Gobierno de España y la Junta de Andalucía quieren que el Espacio Natural de Doñana siga conservando todas sus distinciones internacionales tendrán que dar carpetazo definitivo a proyectos como el oleoducto Balboa, el dragado del Guadalquivir, y concluir el plan de reordenación de regadíos de la Corona Norte.
De lo contrario podrían sacarlo de la Lista de Humedales Ramsar de la ONU, le despojarían del título de Reserva de la Biosfera, dejaría de ser Zona de Especial Protección de las Aves e incluso perdería el Diploma del Consejo de Europa.
El Gobierno central y la Junta de Andalucía deberán cumplir las sugerencias de la UNESCO antes del próximo 1 de febrero de 2013, día en que el Estado deberá remitir al Centro de Patrimonio Mundial un informe detallado acerca del estado de conservación del Parque. En concreto, sobre el oleoducto, la sobreexplotación de los acuíferos, el análisis de expansión de la Refinería La Rábida, los planes de regadíos, las aguas residuales y el dragado del Guadalquivir propuesto por el Puerto de Sevilla.
Los organismos internacionales fueron alertados de la situación límite que atravesaba Doñana por organizaciones como WWF y Ecologistas en Acción.