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Diputación y Junta invierten 800 mil euros en el programa de Tratamiento a Familias con Menores

 

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y el director general de Personas Mayores, Infancia y Familias, Ángel Acuña, han formalizado la prórroga hasta final de año del convenio para la realización del Programa de Tratamiento a Familias con Menores.

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, del 15 de julio al 31 de diciembre de 2015 estará vigente este convenio, cuya prórroga conlleva una aportación económica por parte de la Junta de Andalucía de 248.170 euros, y de 133.983 por parte de Diputación.

En total para este año 2015, se destinarán casi 800.000 euros en la materialización de este programa que el año pasado atendió a 212 familias y 379 menores.

Según ha explicado la diputada de Bienestar Social y Área Sociocultural, Aurora Vélez, el motivo de adelantar del 15 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2015 la vigencia de este convenio es hacerlo coincidir con el año natural y facilitar con ello los trámites burocráticos que conlleva.

La diputada, que ha resaltado que “sin la colaboración de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía sería imposible su realización”, ha asegurado que la prórroga del convenio supone “no sólo la continuidad de este importante programa sino el mantenimiento de los puestos de trabajo de los 18 profesionales que conforman los seis Equipos de Tratamiento Familiar que lo desarrollan en todos los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes”.

Preservar los derechos y el desarrollo integral de los menores que se encuentran en situación de riesgo familiar, mediante un tratamiento específico, interdisciplinar e integrador, es el principal objetivo de este programa, que ha pasado de las 67 familias y 172 menores atendidos en 2003, año de su implantación, a las 212 familias y 379 menores del año pasado.

En su carácter eminentemente preventivo cifra Aurora Vélez parte de la importancia de este programa, que tiene una doble finalidad: evitar medidas drásticas que conlleven la separación del menor de su familia; y por otro lado, promover cuando sea posible la reunificación familiar del menor sobre el que con anterioridad se han adoptado medidas de protección.