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Diputación aprueba por unanimidad que los ayuntamientos se involucren para frenar los desahucios

La Diputación Provincial de Huelva ha aprobado por unanimidad en el pleno de este miércoles frenar los desahucios y que los ayuntamientos se involucren para ‘parar este drama social’, y todo ello tras ponerse de acuerdo los tres grupos políticos y apoyar los tres las mociones que han presentado PSOE e IULV-CA al respecto.

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar el pleno, el portavoz del grupo socialista en el ente provincial, José Martín, ha incidido en la intención de la moción que es promover un cambio de la legislación hipotecaria y una paralización de todos los procesos de desahucios que afectan a la vivienda habitual en casos de insolvencia sobrevenida hasta que no se materialice la entrada en vigor de la nueva ley por el procedimiento de urgencia.

Al respecto, el portavoz de IULV-CA, Rafael Sánchez Rufo, ha destacado que la Diputación de Huelva ha sido la primera de Andalucía en sumarse al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda que permite establecer vías de colaboración entre la administración autonómica y provincial.

No obstante, Sánchez Rufo ha insistido en que los ayuntamientos ‘tienen que involucrarse’, poner los servicios sociales a disposición de estas oficinas de asesoramiento y que la Policía Local ‘no participe en ningún desahucio, más una batería de medidas para que Huelva sea una provincia libre de desahucios’.

La moción de las pensiones, presentada por el grupo socialista vía urgencia, ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE e IU, que han mostrado su rechazo a la no revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo aprobado por el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Otras moción aprobada por unanimidad ha sido la relativa a la puesta en marcha del acelerador de partículas impulsado por la Universidad de Huelva en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva (PCTH), ubicado en Aljaraque.

En la moción se solicita al Ministerio de Economía y Competitividad que de modo urgente proceda a la aprobación del reformado del edificio de la Universidad de Huelva, denominado Centro de Investigación de la Energía, en el PCTH, que albergará el proyecto del acelerador de partículas, y con ello proceda a su vez a la cofinanciación del citado proyecto, que es ‘vital’ para la provincia.

A su vez, también ha sido aprobada por unanimidad la reactivación del Consejo Económico y Social, ya que se creó ‘para tomar medidas para salir de la crisis’ por parte de representantes políticos, asociaciones vecinales, empresarios y sindicatos, entre otros, y ‘es más necesaria que nunca su participación’.

La moción presentada por el grupo socialista instando al Gobierno central a excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de las tasas judiciales, ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE e IULV-CA, así como la presentada por IU para la solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Tasas.

Por último, han sido rechazadas las dos mociones presentadas por el PP como han sido la relativa a la reclamación a la Junta de Andalucía de “los cuatro millones que le ha quitado a los ayuntamientos de la provincia de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica)’, y la relacionada con el apoyo a los trabajadores de la Mancomunidad de la Cuenca Minera, “en banca rota’, una moción a través de la que han solicitado que la Diputación lidere una auditoría económica del ente, pero finalmente ha sido rechazada.

DEFENSA DEL PERIODISMO

Al inicio del pleno, el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Rafael Terán, ha leído un manifiesto en defensa del periodismo elaborado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y ha hecho hincapié en que ‘la libertad de información se debilita cuando el periodismo se convierte en una fuente de manipulación, de sensacionalismos, de odios y de defensa de intereses ajenos al bien común’, así como que “esa misma libertad queda dañada cuando se convocan ruedas de prensa sin derecho a preguntas y cuando los representantes públicos se niegan a comparecer para dar cuenta de sus actividades en el ejercicio del poder’.

A su vez, ha remarcado que es necesario el ejercicio responsable del periodismo por parte de periodistas y editores, basado en el cumplimiento de normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el rigor, y que el derecho de información y la libertad de expresión ‘pierden fuerza y eficacia cada vez que desaparece un medio’.

Por último, ha incidido en que unos periodistas “mal pagados, y más si no perciben salario alguno, difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes, sean del tipo que sean, para difundir informaciones sesgadas, interesadas y en algunos casos falsas”.
Consecuentemente, ha solicitado a las instituciones que adopten este manifiesto en defensa del periodismo y que lo tramiten y aprueben como resoluciones en plenos, comisiones y otros órganos que juzguen oportunos.