El Juzgado de lo Penal número dos de Huelva ha condenado al exalcalde de Bollullos del Condado, Carlos Sánchez, a cuatro años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una corporación local por el delito de prevaricación en la construcción del recinto ferial del municipio, y absuelve a los demás concejales de su corporación cuando fue alcalde –desde 2003 a 2008–, entre los que figuraba el actual primer edil, el socialista Rubén Rodríguez, y a un técnico municipal.
Según la sentencia, el juez le condena a la inhabilitación, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas, al considerar probado que “desatendió los reiterados informes y el mandato legal y no suspendió la decisión negativamente informada por el interventor, ni la sometió al pleno de la corporación, a fin de que pudiera dejarse sin efecto la suspensión, sino que continuó con su proyecto” de construcción del citado recinto ferial.
Dice este escrito también que el acusado, durante su mandato, decidió crear un área recreativa multifuncional donde ubicar la feria cada año. Este proyecto se asentó sobre suelo no urbanizable, que condicionaba el desarrollo urbano y precisaba para su aprobación una revisión del PGOU o una modificación puntual del mismo.
Para alcanzar este objetivo, según el juez, el ayuntamiento procedía a la adquisición de los terrenos a sus propietarios firmando convenios de permuta con varios particulares.
Precisamente a través de estos convenios, los propietarios asumían el compromiso de transmitir al Ayuntamiento la propiedad de sus terrenos. Como contraprestación, el condenado, como representantes de la corporación municipal, se comprometía a entregar una superficie equivalente al 21% de la recibida, en parcelas edificables de uso industrial, inexistente en ese momento, cuando se aprobara el PGOU y se obtuviera el suelo necesario.
Una vez conocidos esos convenios de permuta, los técnicos encargados de controlar y fiscalizar la labor municipal realizaron informes negativos.
Así, la secretaria general del Ayuntamiento redactó un informe en el que se concluía que “el negocio jurídico que se pactaba en los convenios no era conforme a derecho en la medida que el Ayuntamiento se compromete a permutar aprovechamientos en ese momento inexistentes, y, en consecuencia, indisponibles”, informando desfavorablemente las permutas suscritas y considerando más adecuado diferir la adquisición de los terrenos hasta que no se obtengan los aprovechamientos que no existirán hasta no se aprobara el nuevo PGOU.
Meses después, la interventora también informó desfavorablemente. Por lo que el que fuera alcalde en ese momento dictó decreto 238/2006 y aprobó los compromisos de permuta obviando los informes desfavorables. Es más, los expedientes nunca llegaron a tramitarse, de tal manera que los propietarios de las fincas nunca perdieron la titularidad de sus bienes ni obtuvieron los terrenos prometidos.
Pese a todo, y lejos de desistir, remarca el juez, Sánchez mantuvo inalterable su plan y su objetivo de contar con el recinto multifuncional diseñado. Las obras del recinto multifuncional se comenzaron en el mes de febrero de 2006 y consistieron en urbanización, pavimentación, saneamiento, establecimiento de electricidad y creación de calzada. A su vez, para la contratación de suministros y servicios no se tramitó, pese a la cuantía de lo contratado, procedimiento de licitación, ni abierto, ni negociado, ni contó con publicidad alguna.
Así las cosas, el juez ha señalado en la sentencia que se ejecutó el plan establecido hasta que, en las condiciones expuestas, se logró el objetivo: ocupados por el Ayuntamiento terrenos de titularidad ajena, sin materializar las permutas y compraventas convenidas, y realizadas las obras precisas y los pagos correspondientes en las condiciones y circunstancias ya reseñadas, Bollullos pudo disponer de recinto ferial diseñado y acordado, logrando ubicar en él desde 2006, entre otros eventos, la feria anual