Carmelo Romero lamenta que PSOE y Podemos “utilicen la educación como moneda de cambio para aprobar los PGE”

El diputado nacional del PP por Huelva, Carmelo Romero, ha señalado que la LOMLOE, conocida como ‘Ley Celaá’ es “la peor enemiga de la educación porque va en contra del español como lengua vehicular, la libertad de elección educativa, la concertada y la especial”.

Así, Carmelo Romero ha rechazado una ley que “perjudica al sistema educativo español, y elimina la capacidad de elección de las familias a elegir el colegio que quieren para sus hijos, siendo un derecho avalado por la Constitución. Ningún derecho fundamental puede ser moneda de cambio para los PGE”.

En esta línea, ha criticado que el Gobierno de PSOE y Podemos hayan aprovechado “un periodo de pandemia para acelerar la nueva Ley, sin consenso y sin escuchar a los padres y profesores sobre las verdaderas necesidades de la enseñanza”.

“El Gobierno le ha entregado la educación de nuestros hijos a los independentistas para sacar adelante los presupuestos y garantizarse el poder, siendo la primera vez en la historia democrática que se aprueba una ley de este calado sin la participación de la comunidad educativa y sin buscar el consenso político”.

Carmelo Romero, ha insistido que el PP rechaza esta ley porque “planea suprimir los centros de educación especial, pasando sus alumnos a centros ordinarios cuando requieren centros específicos; quiere eliminar el cuerpo de inspectores de Educación, así como se perjudica al papel de la enseñanza concertada, cuyos profesionales ven peligrar sus puestos de trabajo o afecta al castellano como lengua vehicular”.

Ante esta ley “sometida a criterios ideológicos y sectarios”, el diputado nacional ha señalado que iremos hasta donde haga falta para defender la libertad. Hemos iniciado una campaña de firmas contra esta ley y recurriremos al Tribunal Constitucional y a donde haga falta para defender la libertad educativa”.

Por último, ha recordado que el PP ha iniciado una ofensiva en toda España contra la reforma de la Ley orgánica de Educación, que incluye recogida de firmas en la calle “para defender la libertad de los padres a elegir centro educativo para sus hijos”.