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Baja la morosidad de las comunidades de vecinos de Huelva

El Colegio de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva ha mostrado su satisfacción por el hecho de que 2017 fue el tercer año consecutivo en que la morosidad de las comunidades de propietarios disminuyó en la provincia de Huelva.

El presidente del COAF, David Toscano, y el vicepresidente de la institución, José Antonio Oria, han presentado los datos del Estudio de Morosidad que ha elaborado el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) en base a los datos aportados por los colegios de todo el país. Una morosidad que, al cierre del pasado año, se situó en Huelva en 22,21 millones de euros. Son casi 850.000 euros menos que la deuda registrada en 2016, que se elevó hasta los 23,05 millones. En niveles porcentuales, el descenso ha sido del -3,67%.

Por esta razón, desde el Colegio han mostrado una satisfacción “a medias”. La parte positiva, los tres años encadenados de bajada de la deuda. La cara menos positiva, que este último descenso ha sido menor que la media de Andalucía (-3,83%) y de España (-3,88%).

David Toscano ha destacado que, a pesar de reducirse paulatinamente morosidad, la realidad sigue siendo que casi cuatro de cada diez comunidades de propietarios en Huelva tienen vecinos morosos.

No obstante, Toscano ha subrayado la disminución de la deuda bancaria en más de 800.000 euros respecto al año 2016, situándose la morosidad de las entidades financieras en 2,2 millones de euros.

Esta nueva bajada ha sido fruto de los continuos contactos del COAF con los responsables de las entidades y el compromiso del COAF por reducir la deuda bancaria, ya que sin el pago de las financieras “es imposible dar viabilidad a las comunidades de propietarios, dificultando enormemente la gestión”. Por ello, aunque ha valorado positivamente el descenso, incidió en que “tenemos que seguir trabajando” para mejorar la situación. “Las entidades financieras deben entender que su colaboración es fundamental, ya que un porcentaje muy alto de comunidades son propiedad de bancos”.

Nueva Ley de Propiedad Horizontal

Por esta razón, desde el COAF de Huelva valoran “muy positivamente” que en el marco del último Congreso Nacional de Administradores de Fincas (CNAF 2018) el CGCAFE haya presentado la propuesta de nueva Ley de Propiedad Horizontal, diseñada por la Comisión Legislativa impulsada desde el mismo Consejo General.

Para David Toscano, la nueva Ley de Propiedad Horizontal debe obtener el espaldarazo del Congreso de los Diputados y de la Administración, ya que sería una normativa “fundamental” para el desempeño de la profesión de los administradores de fincas colegiados, que “obtendrían seguridad jurídica” y “transparencia”, y que además será una “herramienta esencial para combatir la morosidad” y “consolidar la disminución” de la deuda vecinal y bancaria. Esta Comisión es la encargada de construir los cimientos para redactar la nueva LPH, una normativa que data del año 1960. “Se trata –afirma David Toscano– de que los administradores de fincas contemos con una Ley de Propiedad Horizontal adaptada a nuestros tiempos”.

El presidente del Colegio profesional onubense ha esperado que la situación política “vuelva a normalizarse” –tras prosperar la moción de censura– para continuar con la tramitación de la propuesta de ley, que debe pasar por el Congreso de los Diputados.

Medidas contra los deudores
Según los postulados de la nueva LPH, se contemplan medidas efectivas contra la morosidad de vecinos y de las entidades financieras, tales como el “establecimiento de intereses superiores al interés legal del dinero en el tiempo en que un propietario sea moroso, siempre que no sean abusivas o desproporcionadas”. Asimismo, se establecerían otras medidas como que el comprador de un inmueble “debe exigir al vendedor el certificado de deudas con la comunidad de propietarios”. En el caso de que el comprador renunciara a ello, implicaría que en el caso de existencia de deudas comunitarias, la responsabilidad del pago correspondería a vendedor y comprador, y alcanzaría el total de la deuda anterior a la fecha de la transmisión del inmueble.