La concejala Rocío de Fátima Pérez Jiménez, como presidenta del Consejo de Administración de la entidad mercantil AVANTUR S.A., dirigirá una denuncia al Juzgado de Instrucción de guardia de La Palma del Condado contra un total de nueve personas por supuestos delitos de maquinación al alterar el precio de las cosas, malversación de fondos públicos, falsificación documental, prevaricación y cohecho. Entre ellos, figura el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte y Diputado Provincial José Villa -su antecesor en el cargo-, los ex concejales Domingo Núñez y Domingo de Guzmán Blanco, junto al resto de consejeros de la sociedad hasta 2011, y contra el empresario vendedor de unos terrenos.
ININ El Tomillar -precedente de la actual AVANTUR- se constituyó como empresa pública en 2002 para la gestión, promociones y venta de suelo urbanizado de uso industrial, entre otros fines. Para ello, firmó ese mismo año una serie de convenios urbanísticos con varios propietarios. En el que ocupa a la finca objeto de la denuncia presentada por la actual responsable, se incluía la cesión del terreno a la mercantil, con la obligación de retribuir a la propietaria (J.T.M.M.) con terreno industrial en un plazo de diez años desde la aprobación del Plan Parcial. Este, quedó aprobado el 10 de marzo de 2008.
Las presuntas”anomalías” llegan con un escrito registrado en ININ el Tomillar el 15 de enero de 2007. Lo firma E.E.D.S –quien con los años llegaría a ser gerente de AVANTUR-, en representación de G.R.G.F., administrador del grupo inmobiliario Garfe S.L. En él, solicita información sobre la posibilidad de que se rescinda aquel convenio. El Consejo de Administración de ININ El Tomillar celebrado nueve días después da cuenta del escrito presentado y de la solicitud de informe sin más, tal y como corrobora el acta. Sin embargo, dos días más tarde de su celebración, José Villa -como presidente- contesta que se ha discutido y acordado “rescindir el convenio”. Según la denuncia, esta respuesta conllevaría una falsificación, debido a que tal debate y acuerdo no aparecen recogidos en las actas del Consejo de Administración. Decisión que además empobrecía a ININ El Tomillar,”al perder sus derechos sin contraprestación alguna”.
Este paso resulta el antecedente necesario para la ruina definitiva de la sociedad. El 30 de abril de 2008, la propietaria J.T.M.M. vende la finca a la mercantil “Parque Industrial y de Servicios Camino Alto Sociedad Limitada” -representada por el denunciado G.R.G.F.-, en 2,4 millones de euros. La empresa del mismo grupo, denominada “Gestora Andaluza de Diseño Inmobiliario Garfe S.L.” la compra al mismo precio y la vende a ININ El Tomillar el 3 de febrero de 2010, por 2.928.600 euros. Es decir, con un sobreprecio de más de medio millón de euros, ya en plena crisis.
Curiosamente, el documento firmado el 2 de julio de 2009 por el vendedor G.R. G. F., Francisco Bella –ex alcalde de Almonte-, y Domingo Núñez –entonces, nuevo presidente de la empresa pública-, recoge textualmente que “Gestora Andaluza, a través de la sociedad de su grupo Parque industrial y de Servicios Camino Alto S.L. le venderá a ININ El Tomillar S.A. el terreno correspondiente al 30 % del polígono en el precio de venta de 2.928.600 euros. Esta cantidad corresponde al importe desembolsado por Parque Industrial… en su adquisición”, obviándose por parte y parte el encarecimiento de la operación.
La posibilidad de un acuerdo previo y personal entre las partes -en el que se pone por delante el interés de la empresa privada- parece entreverse en diferentes documentos, según cita la denuncia. El acta del Consejo de Administración celebrado el 13 de junio de 2007 ya incluía una información del gerente de ININ El Tomillar que indica: “se espera traer para su aprobación, la propuesta de convenio realizada con la empresa que ha adquirido los terrenos a…” y cita textualmente al marido de la propietaria, A. C. La compra se ejecutó en abril del año siguiente.
Cuando en 2009 –ya en recesión económica-, el Ayuntamiento se plantea comenzar la urbanización del polígono y comercializar el terreno a precio de costo, la empresa del grupo Gestora Andaluza responde que “esta circunstancia vulnera el pacto de mínimos que motivó su compra”. Entonces, propone a ININ El Tomillar venderle los terrenos. El convenio de adquisición tiene fecha 2 de julio de 2009, sin que quede aclarado en ningún momento el hecho de favorecer a una empresa privada. Además, este acuerdo se modificó por otro a favor de la empresa a solo tres días de las municipales de 2011. En él, esta quedaba redimida de las obligaciones de construcción en el polígono, manteniendo los precios de la compraventa y las parcelas.
Finalmente, confirmaría el acuerdo presuntamente irregular, la demanda presentada por la mercantil “Parque Industrial y de Servicios Camino Alto” ya en 2013, cuando cita: “la adquisición en su día de la parcela que posteriormente procedió a vender a la entidad AVANTUR S.A. se realizó con el compromiso previo por parte de la corporación municipal de la suscripción de los acuerdos de venta a la sociedad municipal”.