La decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH), Noemí Sanchís, defiende el impulso de una Ley de la Arquitectura Andaluza, –iniciativa del COAH que ofrecieron al Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos–, ya que, a su juicio, es “evidente” que la arquitectura y la edificación “no pueden ser entendidas únicamente como una actividad mercantil o económica”.
En una entrevista concedida a Europa Press, Sanchís ha remarcado que “la arquitectura ha de contemplarse como un bien de interés general y como tal requiere de una regulación en una norma del rango apropiado para garantizar que se ejerce adecuadamente, con la calidad adecuada y en garantía de la función social que todo bien edificado tiene”.
“El interés de esta ley de la Arquitectura es poder enfrentar los retos de identidad socioespacial, habitabilidad, seguridad y salud pública, y las nuevas demandas sociales de manera proactiva, flexible, e innovadora” con el fin de “conseguir la mayor efectividad de las acciones arquitectónicas en el bienestar colectivo”, ha proseguido.
“Se trata de llenar de contenido el vacío que sigue existiendo en cuando a la función social de la arquitectura”, ha agregado la decana, que considera que “hay que situar al ciudadano en el eje central de las actuaciones”.
Ha recordado que otros países ya tienen leyes similares que son “un claro signo de evolución en valores que los ciudadanos entienden, admiran y pueden perfectamente respaldar”.
Sanchís, que recientemente ha renovado su cargo como decana tras un proceso electoral, ha remarcado que otra de sus propuestas para este nuevo mandato es impulsar un Pacto Social por la Construcción, la Vivienda y el Empleo, basado en la rehabilitación de viviendas “como herramienta para la potenciación del sector y como medio para alcanzar la plena calidad de la edificación y espacios urbanos en los que habitan los ciudadanos”.
Sanchís ha recordado que el colectivo de arquitectos ha sido “enormemente castigado” por la realidad de un sector “destruido”, así como ha destacado su apuesta por el fomento de la máxima homogeneidad interpretativa en materia de disciplina urbanística en las administraciones locales.
En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de “una igualdad de criterios que redunden en la igualdad de calidad, servicios, y seguridad en materia de construcción y edificación para todos los ciudadanos”.
Otro de los aspectos que defienden desde el Colegio de Arquitectos es la recuperación de unos honorarios profesionales “dignos”. “Los arquitectos tenemos un 70 por ciento de paro sin engrosar las listas de desempleo y sin percibir subsidios por ser autónomos”, ha remarcado.
Por ello, ha subrayado que su trabajo “tiene que aportar unos sellos de calidad técnica que son incompatibles con la reducción paulatina de unos honorarios de saldo”. “La arquitectura es un servicio público que afecta a la seguridad de las personas y con esto no se puede mercadear ofreciendo trabajos por debajo de costes reales”, ha enfatizado.
Honorarios dignos
A su juicio, “la desregulación unida a la prohibición de baremos mínimos de honorarios lleva a una subasta profesional que ya no garantiza la estricta calidad al usuario”, y, a su parecer, es “la propia administración la que promueve la inseguridad y las condiciones laborales de explotación al eliminar la figura de las bajas temerarias de la Ley de Contratos del sector público”.
Según ha indicado Sanchís, “constantemente se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tarifas que empresas públicas, ayuntamientos, Hacienda o cualquier otra administración elaboran unilateralmente a su medida para pagar nuestros servicios. No es de recibo que en este caso las leyes del mercado no sean las que rijan”.
Así las cosas, considera que urge garantizar “la dignidad del trabajo y calidad de los servicios, reducir el fraude fiscal, controlar el gasto público, evitar las bajas temerarias y la precariedad de seguros, y para ello es imprescindible una regulación equilibrada y unos honorarios de referencia a partir de los costes de producción del bien que se oferta”.
Finalmente, ha asegurado que “trabajar por debajo de estos costes genera pérdidas importantes por disminución de la calidad o incumplimiento de plazos”, lo que pone en riesgo “la economía, el medioambiente, el patrimonio o la seguridad de las personas” y esto “ocasionará más pérdidas en forma de indemnizaciones, medidas compensatorias o vidas humanas”.