El Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra el exalcalde socialista de Almonte, Francisco Bella, por falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.
La causa se abrió a raíz de la denuncia interpuesta en junio de 2014 por el entonces alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), relacionada con la concesión de la Planta de Reciclaje de Escombros de la localidad y se extiende además a la actual secretaria general del PSOE en la localidad, Rocío Espinosa, y el empresario C.B.T., responsable de la empresa concesionaria Aproindo S.L.
En un auto del juzgado, al que ha tenido acceso Efe, el juez precisa que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la causa”.
Y ello, precisa, tal y como expone la Fiscalía en su informe, porque no concurren en el caso los elementos subjetivos y objetivos necesarios para apreciar los tipos penales de falsedad, prevaricación o fraude, no entendiéndose que la conducta de los acusados sea constitutiva de ninguna de las infracciones penales que se les imputan en la denuncia”.
Dicha denuncia argumentaba que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento presidida por Bella, formalizó el 1 de agosto en 240.404 euros la adjudicación a Aproindo del servicio de eliminación de escombros y restos de obras, y a final de ese mes se le dio carácter anual a este canon, con lo cual se multiplicó por quince el valor del contrato, hasta los 3,6 millones de euros.
En septiembre, el empresario pidió al Ayuntamiento una parcela de una extensión doble a la recogida en el pliego inicial (hasta un total de 60.400 metros cuadrados), y la ampliación del contrato de concesión de 15 a 30 años, para “mantener el equilibrio financiero de la inversión solicitada”, lo que amplió el coste del contrato a los 7,2 millones de euros.
Las presuntas irregularidades continuaron, decían los populares, posteriormente, y precisaban que existía un informe del técnico de Medio Ambiente que certificó que Aproindo no ejecutó la gran mayoría de las mejoras a las que se había comprometido con la concesión.