La Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado la sentencia que absolvía al exalcalde socialista de Cartaya Juan Antonio Millán, a su teniente de alcalde Miguel Novoa, a un arquitecto y al administrador de la empresa Hiconsa, considerándose que el convenio urbanístico acordado con la empresa es “legal, era procedente, y la selección de esta empresa no fue arbitraria”.
Todo partió de una denuncia presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA de Cartaya, por un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.
El juez considera que las pruebas practicadas en el acto del juicio oral han puesto en evidencia que los acusadores han hecho una utilización “indebida y abusiva del proceso penal” para el ejercicio de unas pretensiones “carentes de cualquier corroboración probatoria”.
En la sentencia se mantiene que Cartaya no sufrió un perjuicio económico por la venta de los terrenos y que los acusados no obtuvieron beneficio económico de ello.
Finalmente, la sentencia recuerda que ha quedado acreditado que el convenio urbanístico es un convenio que se firmó en el año 2005, en cuya aprobación “participaron y votaron a favor quienes, cuatro años después, en base a una tasación carente de toda credibilidad, construyen una acusación de naturaleza penal, obviando la vía administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa y los principios básicos del derecho penal, con motivos espurios y pretensiones que trascienden más allá de este concreto proceso judicial”.