El doble crimen de Almonte pasará mañana a ser competencia del TSJA

La recién estrenada libertad de Francisco Javier M.R., el hombre sobre el que recayó el peso por los asesinatos de Miguel Ángel Domínguez y su hija María (en 2013 en Almonte) -fue declarado no culpable por un jurado popular hace apenas un mes-, y la sentencia que lo sacó de la cárcel con las manos limpias, quedan bajo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a partir de mañana, cuando se cierra el plazo para impugnar la resolución judicial de la Audiencia Provincial de Huelva.

En la antesala de una jornada que abre una nueva fase en el caso del doble crimen de Almonte, la representación legal de las acusaciones particulares que, en nombre de la familia y de la madre y mujer de las víctimas, ejerce el abogado Luis Romero, confirma la presentación de un recurso de apelación al Alto Tribunal andaluz para solicitar que revoque la sentencia y condena a Francisco Javier con las pruebas practicadas y, en su defecto, declare la nulidad tanto del veredicto como de la sentencia y ordene la celebración de un nuevo juicio, con otro jurado y un presidente de sala también distinto.

En un amplio recurso de unas 50 páginas, que se suma al presentado ya por la Fiscalía de Huelva, el letrado de las acusaciones particulares expone sus argumentos contra la decisión del jurado y la resolución de la ponente, la magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Carmen Orland.

Alega Romero vulneración de las garantías procesales y de la tutela judicial efectiva, al considerar que existe falta de motivación (tanto en el veredicto como en la sentencia), en la que además advierta falta de concreción respecto a los elementos de convicción. «Existen incongruencias y errores importantes –ha manifestado- en la forma de describir las pruebas», punto en el que afirma que algunas «han sido incluso alteradas».

Según el letrado, entre las más de 100 pruebas practicadas a lo largo del juicio existen pruebas de cargo de peso que hacen inclinar la balanza a la culpabilidad, entre las que cita el móvil de los crímenes, informes periciales (como los de las huellas halladas en la casa y el que confirma que la entrada no fue forzada) y que el que fuera único acusado tuvo tiempo para cometerlos. A estas, ha destacado, el ADN – de calidad y por transmisión directa- de Francisco Javier hallado en tres toallas de la casa descubierto por el Instituto Nacional de Toxicología (INT) y que el inculpado reconocía que no se explicaba ya que llevaba más de tres años sin entrar en la casa en la que se cometieron los asesinatos.

«No se pueden poner al mismo nivel informes de parte –como el presentado por la defensa- con los realizados por expertos del INT o de otras instituciones públicas», ha subrayado. En este sentido, ha criticado que el jurado “echara por la borda” las pruebas de ADN al restar credibilidad al testimonio sobre el lavado de las toallas que dio en el juicio la madre y mujer de las víctimas, Marianela Olmedo- amante entonces de Francisco Javier M.R.-, por su estado psicológico.

En contraste, ha indicado, el jurado sí le da valor a su palabra cuando habló de que lo vio a las puertas del supermercado en el que trabajaban ambos el día en el que se cometieron los crímenes, un testimonio que incluye entre los seis que el letrado considera que han sido alterados por el jurado.

Con estos argumentos, un veredicto que tacha de «arbitrario, al que no se ha dedicado tiempo a deliberar y a explicar sus razonamientos y que incluye errores”, la acusación particular pide la revocación de la sentencia. “Las resoluciones judiciales tienen que ser claras, estar motivadas y explicar en qué se basan, lo que no ocurre en este caso», ha dicho.

A partir de ahora, toca ahora al Alto Tribunal andaluz emitir una resolución con dos caminos: mantener el veredicto de no culpable del que fue durante más de tres años el único acusado o aceptar los recursos y dar una vuelta al caso.