Se espera que las EDAR de Almonte y Bollullos cumplan con los parámetros de la normativa el próximo verano

El Alcalde de Bollullos, Francisco Díaz Ojeda, el Concejal de Desarrollo Francisco Martín Carrellán y el concejal de Deportes y Seguridad Ciudadana Julio Navarro, recibieron el pasado martes la visita de los técnicos de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magraza), y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, José Ramón Barros y Miguel Angel Llamazares, en la Depuradora de Aguas Residuales que se construye a la salida de la localidad, dirección Almonte, para conocer in situ la situación en la que se encuentran los trabajos que deben realizarse antes de marzo para que ésta se ponga en funcionamiento y comience a depurar las aguas residuales que vierte la población y que van a parar directamente a arroyos que ‘riegan’ Doñana.

Las obras, que llevan paralizadas dos años por la guerra de competencias entre el Estado y la Junta, se reanudarán en los próximos días, para que tras su finalización en marzo, comiencen a generarse las bacterias que harán el trabajo sucio, depurando las aguas que se separan de las impurezas sólidas que arrastran los colectores que llegan desde la población.

Los técnicos de las distintas Administraciones no coincidieron en el porcentaje de desarrollo de las obras, ya que Barros hablaba de que estaban en un 85 % de su ejecución, mientras que desde la Confederación y la Junta se estimaba en un 95 % y 99 % respectivamente. Aún así, se estima que a partir de este próximo verano, las depuradoras de Bollullos y Almonte, que también fue visitada por los técnicos el pasado martes, estén funcionando en perfecto estado y las aguas de las dos poblaciones mas numerosas, en cuanto a habitantes se refiere, de la Comarca del Condado lleguen a Doñana completamente depuradas, cumpliendo así la normativa que fija los parámetros adecuados para su cometido.

Los responsables municipales del Ayuntamiento condal mostraron su malestar por los retrasos de unas obras que se tendrían que haber finalizado hace tiempo, achacando a la Junta de Andalucía la dejadez en el cumplimiento de la ejecución de las mismas, sobre todo tras percibir 330 millones de euros durante los tres años en los que la Comunidad Autónoma gestionó la cuenca, dando cumplimiento al Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 51 tumbó el Tribunal Constitucional.