La Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas e Individuales del Plan Almonte-Marismas pedirá a los tribunales que investiguen las concesiones y ventas administrativas realizadas en el Sector II. Los cooperativistas que optaron por el abandono están elaborando un dossier que trasladarán en los próximos días al juzgado para que indague presuntas irregularidades e ilegalidades que han conducido a ‘tratos discriminatorios’ y ‘pelotazos’ económicos por parte de algunas empresas.
Los agricultores denuncian nuevos casos de trato de favor y de modificación de las condiciones inicialmente pactadas. Además, la comisión ha negado que los cooperativistas que optaron por la retirada de tierra de cultivos hayan recibido 13,8 millones de euros de la Junta de Andalucía. El colectivo rechaza que cobrara esa cantidad, después que la diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Martín Blanco, afirmara que la Administración había destinado 15.510 euros por hectárea para los que optaron por el abandono y se acogieron a las ayudas de reforestación de tierras agrarias.
Los agricultores sostienen que de las 1.023 hectáreas acogidas a la retirada durante 20 años sólo se forestaron 833, por lo que la Administración únicamente abonó 2,1 millones de euros, esto es 2.523 euros por hectáreas.
Los cooperativistas aseguran que si hubiesen recibido la cantidad indicada por la diputada socialista no se habría producido el conflicto y la ‘discriminación’ que denuncian respecto a los agricultores que optaron por la continuidad, por lo que solicitan que se aclare dónde ha ido a parar la diferencia entre los 13,81 millones de euros, supuestamente abonados, y los 2,1 recibidos.