Almonte tendrá que ahcer frente a una deuda de 14 millones de euros. Las últimas resoluciones judiciales aumentan la deuda total del ayuntamiento, que asciende ya a 31 millones de euros.
Las últimas sentencias judiciales han puesto al ayuntamiento de Almonte contra las cuerdas. El consistorio tendrá que solicitar un crédito al Estado para hacer frente a los 14 millones de euros que se suman ahora al total de la deuda municipal.
En pleno extraordinario, los socialistas han acusado al anterior equipo de gobierno de dejar de pagar las deudas del ayuntamiento sin motivo. El grupo popular defiende su gestión amparándose en los recursos disponibles del ayuntamiento.
Desde el equipo de gobierno del ayuntamiento se han comprometido a no subir los impuestos a la ciudadanía para hacer frente a esta deuda.
Entre otras medidas el ayuntamiento prevé la creación de una tasa para las grandes empresas de electricidad, gas, agua e hidrocarburos.
A ello hay que añadir el ahorro generado con respecto a la última liquidación conocida, la de 2017, que ascenderá a más de 335.000 euros en 2018 y a más de 515.000 en 2019 y siguientes ejercicios, así como nuevos ahorros derivados de la licitación pública de aquellos suministros que se repiten con periodicidad en el tiempo y de solicitar varias ofertas para los contratos menores, tal y como se viene haciendo en estos años.
A esas medidas hay que añadir otras en materia de ingresos, como la firma de un convenio con el Servicio de Gestión Tributaria de Huelva para la delegación de la inspección del Impuesto de Actividades Económicas, que afecta a las empresas que facturan más de un millón de euros, al efecto de corregir las posibles incidencias.
Por último, la propuesta del Equipo de Gobierno incluye la aprobación, en el pleno de octubre, de una nueva ordenanza para la ordenación e imposición de la tasa por utilización privativa del dominio público de empresas transportadoras de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.
Para el teniente de alcalde delegado de Economía y Hacienda, Francisco Manuel Toro, las medidas “se centran, por un lado, en reducir costes a través de los pliegos, y por otro, en luchar contra el fraude en los impuestos locales, centrándonos en las grandes empresas, aquellas que facturan más de un millón de euros y aquellas grandes empresas de electricidad, gas, agua e hidrocarburos”.
En cualquier caso, Almonte tendrá que hacer frente a una deuda total, por el momento, de 31 millones de euros. Por lo menos hasta que salgan las sentencias que faltan por dictar.