La diputada de Medio Ambiente, Esperanza Cortés, asegura que la Diputación de Huelva “no tiene constancia de la existencia de ningún problema ambiental en la planta de Villarrasa” derivada de la gestión de los residuos sólidos y urbanos que realiza CESPA, la empresa adjudicataria del servicio. Cortés circunscribe la denuncia de los extrabajadores a una “manera de presionar a la empresa” para ser readmitidos y asegura que los controles que realiza tanto la empresa como la Junta de Andalucía están “dentro de la normalidad”.
La Autorización Ambiental Integrada concedida por la Junta de Andalucía a la empresa CESPA para el tratamiento y gestión de los residuos sólidos y urbanos en la planta de Villarrasa permite el almacenamiento en balsas de los lixiviados y el actual tratamiento ambiental que están recibiendo –fermentación del compost y riego del vertedero, fundamentalmente-. En ese sentido, la vigilancia y control de la Autorización Ambiental Integrada concedida a CESPA corresponde a la Junta de Andalucía “y en ningún momento nos han informado de que se estén produciendo anomalías en la gestión del servicio”.
En tal sentido, Cortés pide a los extrabajadores “prudencia” porque pudieran crear una “alarma social” que no se corresponde con la realidad y les solicita que “dejen las cuestiones medioambientales a un lado”. Asimismo, la diputada resalta las inversiones que está realizando la empresa en la mejora de la planta, entre las que se incluye la reciente aprobación de unos 12 millones de euros para la construcción, entre otros, de una nueva planta de lixiviados.
Por último, Esperanza Cortes resalta el “interés” que está mostrando el alcalde de Villarrasa, Ildefonso Martín, para solucionar el conflicto laboral que afecta a cinco vecinos de su municipio.