El alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, ha defendido la postura de vecinos y agricultores de la localidad ante la reunión que ha mantenido, este viernes, con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo.
El primer edil ha mostrado su preocupación y la necesidad de buscar soluciones por la situación generada en la localidad a raíz de la intención de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de cerrar 77 pozos ilegales que utilizan los agricultores de la zona, en cumplimiento de una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Mora también ha alertado de la posición del Ayuntamiento -que se encuentra en una situación que le lleva a recibir sanciones y puede desencadenar en la ruina del Consistorio- y ha defendido la posibilidad “real” de contar con una acometida de agua que dé una solución alternativa al conflicto creado.
Con relación a la reunión mantenida, Mora ha asegurado que ha habido “muy buena sintonía en la reunión” pero “poco resultado” sobre la búsqueda de soluciones por la situación generada en la localidad a raíz de la intención de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) del cierre de pozos.
De igual modo, ha asegurado que la subdelegada se ha ofrecido a ayudar al Ayuntamiento “en todo lo posible”, pero, según ha añadido Mora, “el trasvase está como está, hay que desarrollar la ley y falta toda la parte administrativa y medioambiental”. No obstante, ha asegurado que van a tener más reuniones durante las próximas semanas y que Parralo “se ha ofrecido para adelantar una cita con la Confederación”.
En este sentido, el primer edil ha asegurado que ha trasladado a Parralo que la Comunidad de Regantes del Fresno “podría llevar los ocho hectómetros a Lucena al menos, técnicamente, y después repartirse el agua, bombeando las 24 horas porque ahora bombean ocho”.
Pero, según ha lamentado Manuel Mora, “la parte legal y medioambiental no está lista”. Por tanto, ha subrayado “la reunión ha ido en muy buena sintonía pero con poco resultado”, al tiempo que ha dejado claro que el Ayuntamiento “no se opone a las resoluciones judiciales pero hay que buscarle una solución al asunto”, ofreciéndose para intentar mediar con los agricultores.
En esta línea, ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento “no tiene capacidad técnica ni económica” para afrontar el cierre de estos pozos y, en todo caso, “dejaría endeudado al pueblo los próximos 500 años” porque si se ejecuta todo “la cantidad ascendería a cinco o seis millones de euros”. “Es inasumible y sin contar con la posible sanción al Ayuntamiento”, ha lamentado.